La libertad de empresa en el sector de la Formación Profesional para el Empleo

Hoy os queremos trasladar un debate relevante para el desarrollo futuro del sector de la formación para el empleo. La publicación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, ha dejado aún muchas cuestiones fundamentales sin resolver. Por eso, analizamos el modelo en lo relativo a la libertad de empresa desde dos aspectos clave:

*Cabe tener en cuenta que se prevé desarrollo normativo en el Sector de la Formación para los tres próximos meses.

Libertad de competencia:

La Constitución Española garantiza la libertad de empresa en todas sus dimensiones, también en referencia a la libertad de competencia.  De hecho, varias sentencias del Tribunal Constitucional inciden en que el régimen de ayudas y subvenciones puede ser un peligro.

¿Es necesario abandonar el sistema subvencional y recurrir a la contratación pública? Os avanzamos algunos de los argumentos del sector a favor de la contratación pública: 

• La propia Ley 30/2015 deja la puerta abierta a la contratación pública en su Artículo 6 dedicado a la financiación.
• La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Artículo 2 establece que las subvenciones no pueden conllevar contraprestación directa de los beneficiarios.
• El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público define en su Artículo 10 los contratos de servicios. Remite a un Anexo II entre cuyas categorías se encuentran los Servicios de Educación y formación profesional.

Unidad de mercado:

La libertad de empresa también se relaciona directamente con la unidad de la economía nacional que encuentra su máxima expresión en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. La propia Ley 30/2015 se refiere y somete a la norma en su Artículo 6.

Pero en el sector persisten muchas barreras de acceso: exigencia de inscripción o acreditación en registro autonómico, disposición de instalaciones en la comunidad autónoma, etc. De hecho, varias empresas han interpuesto reclamaciones ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado e interpelado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quienes han quienes se han pronunciado en reiteradas ocasiones.

_{El amparo legal del sector de la Formación Profesional para el Empleo.}

Alumnos incrementando sus competencias profesionales en un curso de formación para el empleo.

Mención aparte merece el Artículo 14 de la Ley 30/2015, precepto que impide que los beneficiarios subcontraten la impartición de las acciones formativas, salvo con personas físicas. Esta medida se repite constantemente en las convocatorias publicadas con posterioridad a la Ley 30/2015, aún a pesar de lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. En esta última, se manifiesta que este tipo de requisitos constituyen obstáculos graves al establecimiento de los prestadores de servicios.

Casos de ejemplo:

En los siguientes enlaces se accede a un análisis completo con casos de ejemplo. Os servirá para formar un criterio sobre la necesidad de normalizar el sector de la formación para el empleo:

• Informe Análisis sobre la libertad de empresa en la FPE
• Anexos con la documentación incluida en el informe

En este contexto, ¿consideráis que se ha alcanzado la unidad en el sector de la formación profesional para el empleo? Yo creo que no. Por el bien de las empresas, de la oferta formativa, del propio sistema, y sus intervinientes, en especial los alumnos tanto trabajadores como personas en situación de desempleo, se requiere una actualización. Además, el sector debe ser reconducido para que la cuota de formación profesional pueda ser aplicada de modo eficiente. El objetivo es obtener los resultados para los que fue creada: una formación para el empleo eficiente y de calidad que aumente las cualificaciones profesionales de los trabajadores.

José Manuel Campos Rey

Socio Fundador de Grupo Femxa, miembro de la Comisión de Diálogo Social de CEOE, y vicepresidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), habiendo formado parte también de la junta directiva de diversas asociaciones vinculadas al sector de la formación. Apasionado de la tecnología, impulsa la transformación digital de la empresa, aplicando novedosas técnicas de marketing e ingeniería de datos para mejorar los servicios de la empresa.